La noche del 26 de septiembre de 2014, los normalistas fueron interceptados por elementos municipales, cuando viajaban a bordo de camiones que habían secuestrado momentos antes en la central de autobuses, con la finalidad de viajar a la Ciudad de México para participar en las manifestaciones del 2 de octubre.
El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa al encabezar el informe de avances en la investigación a seis años de los hechos.
“Quiero reafirmar el compromiso de seguir en este propósito de esclarecer los hechos, que se conozca la verdad, la auténtica verdad. Ese es el compromiso. Y desde luego, que sepamos el paradero de los jóvenes y al mismo tiempo que se castigue a los responsables. En pocas palabras que haya justicia, reparación de daño. Sinceramente les digo que lo vamos a lograr, que no debemos perder la esperanza”, expresó.
En el Patio Central del Palacio Nacional, el mandatario sostuvo que no habrá impunidad para nadie. Conforme la investigación avance y se compruebe la responsabilidad de los imputados, dijo, se impartirá justicia. Esto aplica también a la presunta participación de elementos militares en el crimen.
Reafirmó que no se protegerá a nadie y ofreció disculpas como jefe del Ejecutivo “ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano; es un asunto de Estado y por eso ahora el Estado tiene que aclarar lo que sucedió y debe haber justicia”.
Indicó que cada mes seguirá presentando a los familiares de los jóvenes desaparecidos informes de los avances en las investigaciones y en las reuniones con el Gabinete de Seguridad constatará que se dé cumplimiento a las órdenes de aprehensión.
El presidente López Obrador reconoció el trabajo de la Fiscalía General de la República y el de su titular Alejandro Gertz Manero, así como la labor de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
Extendió el agradecimiento a los padres de los estudiantes por su incansable trabajo y colaboración. Destacó la labor y acompañamiento de expertos, asociaciones de Derechos Humanos y asesores que han permitido resultados como parte del proceso de esclarecimiento del caso.
La representante de los padres y madres de los estudiantes, María Martínez Seferino, solicitó al presidente obtener con mayor prontitud resultados en la investigación y continuar el trabajo conjunto para encontrar a sus hijos.
Entregó al mandatario prendas con mensajes como recordatorio de que la investigación no ha concluido.
Por su parte, Francisco Cox Vial, representante del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) reconoció que en el actual gobierno federal existe voluntad para esclarecer los hechos a través de la judicialización de funcionarios involucrados y el avance en la captura de los responsables.
Informe de avances en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
El subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que el 20 de noviembre se encontraron los restos del joven Christian Alfonso Rodríguez Telumbre en la Barranca de la Carnicería en el ejido de Cocula a 800 metros del basurero municipal, los cuales fueron confirmados por la Universidad de Innsbruck y el Equipo Argentino Forense.
“Esta identificación genética marcó un importante precedente dentro de la nueva investigación al cuestionar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, sobre los que se fundó la llamada verdad histórica, que señaló al basurero de Cocula como destino final de los 43 normalistas. La verdad histórica se ha colapsado”, afirmó.
Dio a conocer que entre los esfuerzos se realizan búsquedas en vida de los estudiantes en instituciones educativas y de salud, centros penitenciarios, refugios, estaciones migratorias, asilos, bases de datos del Registro Nacional de Población, del Registro Federal de Contribuyentes, registros bancarios, instituciones crediticias y de seguridad, sin que a la fecha se cuente con algún indicio.
Se han desarrollado 30 acciones de búsqueda en campo a través de la Unidad Especial de la FGR con alta tecnología para explorar 217 puntos de interés en seis municipios de Guerrero.
De marzo a la fecha se han girado 70 órdenes de aprehensión de 80 solicitadas por tortura. Se han detenido a 34 personas entre las que figuran miembros del cártel Guerreros Unidos y policías federales ministeriales y municipales. Hasta ahora se ha detenido a 80 personas.
Encinas añadió que con la finalidad de sistematizar y analizar los testimonios y la información recabada por la comisión presidencial, se constituyó un comité Científico Asesor integrado por expertos del Centro de Investigación de Ciencias de la Información Geospacial, del Conacyt, de la Guardia Nacional y de la Segob que se ha encargado de:
- Analizar 80 millones de registros de comunicaciones telefónicas de 2014 a 2018
- Esto arrojó 206 mil registros de interés y una red primaria de 84 mil líneas prioritarias
- 16 números telefónicos fueron ubicados en las zonas de los ataques y críticas del 26 y 27 de septiembre de 2014
“Con este análisis, hoy se cuenta con la información que permitirá a la Fiscalía General de la República determinar la operación del grupo delictivo y sus células, la participación de las fuerzas de seguridad y de quienes perpetraron las agresiones contra los estudiantes, sus comunicaciones y desplazamientos en la ciudad de Iguala y municipios circunvecinos, el papel de la estructura delictiva en la toma de decisiones, horarios de los hechos y un seguimiento por minuto de los actores principales, lo que evidencia científicamente que la verdad histórica carece de respaldo comprobable y demuestra que en ningún momento los 43 estudiantes estuvieron juntos”
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, destacó que entre las órdenes de aprehensión se giró una en contra de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República por su responsabilidad en la fabricación de la llamada “ verdad histórica”, por falsear documentos y por encubrimiento. Actualmente se realizan los trámites para su extradición de Israel donde está localizado.
Entre los responsables detenidos están Carlos Gómez Arrieta, exjefe de la Policía Federal Ministerial y Alicia Bernal Castilla, exministerio pública, encargada de “legalizar” la llamada verdad histórica, informó el subsecretario Alejandro Encinas.
El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que el gobierno anterior, en todas sus instancias desde la cúspide del poder hasta los más elementales encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar la trama del caso Ayotzinapa.
“En la secuencia cronológica, el Ejecutivo Federal para encubrir sus funciones primero acusó a las autoridades locales y como no le dio el resultado tuvo que asumir el control y responsabilidad del caso”
Para la investigación del caso se suscribieron convenios con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Universidad de Innsbruck.
Por su parte, Francisco Cox, integrante del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigó el caso “Ayotzinapa”, añadió que los equipos que han trabajado en las investigaciones han hecho todo un esfuerzo en procesar y destacar lo que se hizo mal para obtener bases sólidas.
“Hemos visto avances muy importantes con el apoyo de la Fiscalía, apoyo de Segob y del Ejecutivo. Desde el inicio los padres y madres nos dijeron siempre díganos la verdad aunque sea dura. Los pasos hasta ahora son muy importantes, pero no tenemos respuesta a la pregunta de dónde están estudiantes”
Al informe asistieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.