Al fundamentar el instrumento legislativo de referencia, el legislador Martínez Urincho explicó el resultado al análisis de cada comentario: sobre la falta de armonización en los nombres de diversos ordenamientos jurídicos en cuanto a la nueva realidad jurídica de la capital, dijo que en el artículo trigésimo cuarto transitorio de la Carta Magna local se establece que todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, se entenderán hechas a la Ciudad de México.
Al manifestar su preocupación ante la posibilidad de debilitar una institución del Estado y se genere desigualdad, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA) explicó que trámites como el divorcio deben ser responsabilidad del Estado a través del Registro Civil, el cual también debería contar con la posibilidad de economizar el tiempo cuando no hay que resolver temas de tutela de menores de edad o división de bienes; para no provocar que sólo quienes puedan pagar a las notarías el servicio accedan a su realización.
En cuanto a la modificación al artículo 276 del Código Civil local, respecto al interés superior de la niñez y adolescencia, se aceptó la propuesta, en virtud de que está presente en las normas constitucionales federales y locales, y se encuentra presente en diversas convenciones, comentó.
Por su parte, el diputado Royfid Torres González (MC) se refirió al Código Civil local en su artículo 276 para cambiar la denominación de “propiciando” a “aplicando”, a efecto de dar cumplimiento a la obligatoriedad de la autoridad competente de asegurar que por encima de cualquier decisión se considere en todo momento el interés superior de la niñez.
Y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el artículo 64, para que se considere implementar medidas de seguridad para la protección de datos personales y de datos personales sensibles de las y los infantes, a efecto de asegurar la protección integral de la infancia.
El diputado Diego Orlando Garrido López (PAN) consideró favorable la propuesta de dotar a las y los notarios de la facultad de disolver y liquidar sociedades conyugales y procedimientos de divorcio, ya que representa una alternativa para la ciudadanía para acudir ante notario, a efecto de realizar este trámite jurídico si así lo requieren.
Mientras que la legisladora Olivia Garza de los Santos (PAN) consideró que el dictamen es correcto, sin embargo, dijo que, si existen divergencias, se pueden realizar mesas con las personas asesoras para volver a analizar los temas donde aún hay comentarios.