Esa misma noche continuaron las agresiones contra los estudiantes y la población en general, no sólo por parte de agentes estatales sino también por la de algunos civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de la organización criminal “Guerreros Unidos”, fuertemente vinculada con las instancias estatales presentes en esa zona guerrerense
. Su objetivo era proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos; además de investigar y sancionar a los responsables, a la par de otorgar asistencia a los familiares de los estudiante.
La privación de la vida de 6 personas, la alteración de la salud y lesión física de otras 42 y la desaparición de 43 estudiantes indigna a la sociedad entera y especialmente a las familias de las víctimas. Por ejemplo, en las investigaciones sobre la actuación de un funcionario de la Procuraduría General de la república (PGR) que, conforme a lo expresado por uno de los supuestos líderes de “Guerreros Unidos”, estaría vinculado con grupos criminales, y la investigación por el espionaje al GIEI y a los abogados de las familias, y lo relacionado a las denuncias de tortura a personas detenidas
. Aunado a ello, el 9 de septiembre de 2016, el CIDH anunció la primera fase de implementación del mecanismo de seguimiento especial a la medida cautelar 409/14, otorgada con relación a los estudiantes desaparecidos. Sin embargo, los policías municipales abrieron fuego contra los estudiantes para impedirles salir del lugar, consiguiendo cerrar el paso a cinco transportes con la ayuda de otras corporaciones y de civiles.
Después, el 21 de marzo de 2021 la Presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, se reunió́ en la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa con familiares y representantes de los 43 desaparecidos, para hacer un balance de resultados de los puntos encontrados en el expediente del caso, escuchándose las peticiones y demandas de las madres y padres, víctimas de los hechos ocurridos, quienes determinaron necesario, en cuanto a la Recomendación 15VG/2018, dar seguimiento a los puntos de la recomendación que coadyuven al paradero de los normalistas, dejando sin efecto los puntos recomendatorios que no lo hagan
. Aunado a ello, el 1 de julio del 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “instó a las autoridades involucradas a que todas sus actuaciones se realicen garantizando el absoluto respeto a los derechos humanos, desea que estas investigaciones permitan esclarecer el paradero de estos jóvenes y ofrezca a los padres, familiares y a toda la sociedad agraviada resultados confiables que le permitan a la Fiscalía recuperar su credibilidad”[8].
Un día después, el 19 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, presunto responsable de los delitos de tortura, desaparición forzada y dificultar la administración de justicia en el caso.
Por su parte la Secretaría de Salud, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y Salud del Estado de Guerrero, elaboraron el Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos que regirán la Planeación, Ejecución y Evaluación de Medidas de Asistencia, Atención y posibles Reparaciones a Víctimas en el Caso iguala y/o caso Ayotzinapa, mismo que fue firmado el 7 de marzo de 2019[7].
Igualmente, el representante del ejecutivo indicó que insistirán en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien apareció en un video torturando a Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, posible líder de Guerreros Unidos para que confesara que su organización fue responsable de homicidio y cremación de los normalistas.