No hay indicios de que los 43 normalistas estén vivos: Encinas

Estas son tres de las conclusiones preliminares del informe sobre los hechos de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, que fueron presentadas esta tarde en Palacio Nacional.

“No hay indicios de que los estudiantes estén vivos. Por el contrario, todos los testimonios y pruebas acreditan que fueron asesinados y desaparecidos arteramente”, enfatizó el presidente de esa comisión y subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas.

El informe, que antes de hacerse público en conferencia de prensa fue presentado a los padres de los jóvenes estudiantes, evento al que asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios de su gobierno, así como el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz, destaca que el día de los hechos las autoridades federales, incluido el Ejército, estatales y locales conocieron en tiempo real la situación de lo ocurrido, por lo que pudieron actuar para prevenir los crímenes, perpetrados por la organización criminal Guerreros Unidos.

“Todas las autoridades estaban informadas de la toma de los camiones, de la llegada a la central de autobuses, de los actos de persecución a los que fueron sometidos (los jóvenes), por lo que las omisiones en las que incurrieron estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad ya sea por acción u omisión, pues de haber intervenido con la información de la que disponían, se hubiera evitado la desaparición y asesinato de los estudiantes.”

Las autoridades supieron desde que los estudiantes salieron de la escuela hasta el momento en que se dio la orden de desaparición, a las 22:45 horas de ese 26 de septiembre de 2014.

Con la revisión y análisis de todos los elementos para esta investigación -entre ellos expedientes, registros telefónicos y de mensajería, testimonios, archivos del Ejército y de otras corporaciones, videograbaciones, entre otros- “queda plenamente acreditada la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno, como las policías municipales de Iguala, Cocula, Huiztuco Tetecuacuilco, con Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”.

Incluso se comprobó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía un elemento infiltrado en la escuela normal de Ayotzinapa, el soldado Julio César López Patolzin, quien es uno de los 43 desaparecidos, y a pesar de ello, los mandos militares de la región “no realizaron acciones para su protección y búsqueda”, lo que pudo haber evitado no sólo su desaparición, sino la del resto de los jóvenes.

“La Sedena tenía dentro de la normal a Julio César López Patolzin, quien realizaba reportes para la Sedena dentro de la normal, se encargaba de informar lo que sucedía en asambleas, acciones y era informado de los actos preparatorios para la marcha del 2 de octubre.

“Estaba bajo el mando del teniente Marcos Macías Barbosa, comandante del 27 batallón. Su último reporte fue alrededor de las 10 de la mañana de ese día (26 de septiembre), desapareció junto con los estudiantes, sin que sus mandos realizaran alguna acción para buscarlo, como lo establecen los protocolos, que de haberse aplicado no sólo hubieran protegido y garantizado la integridad del soldado, sino de todos los estudiantes”, subrayó el funcionario federal y presidente de la Comisión.

Afirmó que la investigación no ha concluido, y que paralelamente la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso de la FGR realiza las investigaciones correspondientes, por lo que ya existen órdenes de aprehensión contra 33 ex servidores públicos que se presume tienen algún grado de responsabilidad en los hechos, incluyendo la creación de la llamada Verdad Histórica.

“Son avances de investigación, estamos conscientes de que aún tenemos una larga tarea por delante, no cerramos la investigación, sino que ésta continúa hasta encontrar toda la verdad, encontrar a los muchachos y castigar a los responsables.”

El subsecretario se reservó los nombres de los requeridos por la justicia, aunque aclaró que por el momento el ex presidente Enrique Peña Nieto no está entre ellos. Uno de los que deberá responder, afirmó, es el teniente Macías Barbosa.

“La creación de la Verdad Histórica fue una acción concertada del aparato organizado de poder, desde el más alto nivel de gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de las autoridades con el grupo criminal y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades de procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes.”

Encinas indicó que el gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR) se acercaron a los abogados de Tomás Zerón de Lucio -quien en ese entonces era el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República y el cerebro de la Verdad Histórica-, hoy prófugo de la justicia y quien se encuentra en Israel, para acercarse a él y proponerle su colaboración con los beneficios de la ley.

Así, el 16 y 17 de febrero se realizó una reunión virtual con el ex funcionario, autoridades de justicia mexicanas y miembros de la Comisión. “Se le ofreció un criterio de oportunidad que no aceptó. Pero hemos mantenido comunicación con sus abogados para esperar que pronto pueda llegar a un acuerdo de colaboración, no esperar el proceso de extradición -solicitado por México- y que cumpla con la legislación mexicana para enfrentar los delitos que se le imputan y, en caso de colaboración efectiva, tener algún beneficio legal”, remarcó Encinas.

El informe también confirmó que, tras salir de la terminal de autobuses de Iguala, “en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición”, lo que echa por tierra la hipótesis de que todos hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula.

Entre las pruebas obtenidas, dijo, están los testimonios de 115 personas vinculadas al caso, tres de ellos autores liberados, cuatro sujetos liberados por haber sido víctimas de tortura, 15 aún encarcelados, 23 sobrevivientes, 11 ex funcionarios y 59 testigos.

“Lamentablemente, en este proceso, 26 personas clave han muerto o han sido ejecutadas para obtener información. De estas personas, 14 eran miembros de Guerreros Unidos, tres familiares de miembros de esa organización criminal, dos de (otro grupo criminal) Gente Nueva, siete testigos o implicados, entre ellos activistas, funcionarios, políticos y personas que venían aportando información, como Mario Salgado Covarrubias, quien dirigía Guerreros Unidos y había comenzado a colaborar con esta Comisión.