Giran orden de aprehensión contra Billy Alvarez

La orden de aprehensión fue concedida hace unas horas, por un juez federal en el Estado de México, por lo que el hasta hoy presidente de la Cruz Azul, Guillermo ‘Billy’ Álvarez Cuevas, es ya un prófugo de la justicia o, incluso, estaría siendo ya detenido. La orden de aprehensión ha validado el trabajo conjunto que han hecho tanto la FGR, por conducto de la Unidad de Investigación en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La UIF detectó operaciones irregulares por $422 millones de pesos, desde 2013 (ver artículo Se va el Cruz Azul del futbol mexicano por lavado de dinero); pero la FGR logró acreditar ante la justicia federal operaciones ilícitas, de entrada, por $114 millones de pesos, desde el 2011.

También se han girado ordenes de aprehensión contra otras personas: Víctor Manuel Garcés, Miguel Eduardo Borrell y Mario Sánchez Álvarez como directivos del Cruz Azul y quienes habrían ayudado a mover/ocultar recursos de la Cooperativa y dar una apariencia de licitud a las operaciones. Pero también se ha solicitado orden de aprehensión contra Ángel Martín Junquera Sepúlveda, al que la FGR señala de “asesor jurídico externo de la Cooperativa se encargaba de diseñar y coordinar el esquema de EFOS (Empresas Fantasmas) que fue utilizado para el desvío se recursos”.

La FGR señala en su escrito que ocho testigos han sido claves para develar las operaciones ilícitas de Billy Álvarez. Varios de ellos con posiciones administrativas en la Cooperativa. Pero en particular, la solicitud de orden de aprehensión de la FGR, sin mencionarlo expresamente, da a entender que José Alfredo Álvarez, hermano de Billy, fue clave para cuadrar el esquema de ilícitos, por lo que se le dio el “criterio de oportunidad” (testigo colaborador). Los delitos a los que a todos se acusan dan lugar a prisión preventiva oficiosa, además de que la FGR señala que hay riesgo de fuga de todos ellos. Y, de encontrárseles culpables, las penas van de 7 a 22 años de cárcel.