TRAGEDIA EN PENAL DE SINALOA: RIÑA DEJA TRES INTERNOS MUERTOS Y UN HERIDO EN GOROS DOS

Culiacán, Sinaloa, México. Jueves, 17 de julio de 2025.

Una violenta riña al interior del centro penitenciario de Goros Dos, en el municipio de Ahome, Sinaloa, ha dejado un saldo trágico de tres internos muertos y uno más con heridas graves por arma blanca.

El incidente, ocurrido la tarde de este jueves en uno de los módulos del penal, provocó una respuesta inmediata de las autoridades, con el Ejército y la Policía Estatal Preventiva (PEP) reforzando la vigilancia externapara contener la situación.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó a través de sus redes sociales sobre el altercado, confirmando que los custodios del centro tuvieron que intervenir para restablecer el orden. Aunque no se han revelado los nombres de las víctimas, se sabe que elementos de la Guardia Nacional (GN) y la PEP ingresaron al penal, ubicado a la salida norte de la ciudad de Los Mochis, para asegurar la zona y realizar las investigaciones pertinentes.

Este suceso ocurre en un contexto de constantes operativos de seguridad en los centros de reclusión de Sinaloa. Solo en el transcurso de este mes de julio, el penal de Culiacán ha sido objeto de seis revisiones sorpresivas, en las que han participado la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva. Dichos operativos han arrojado el aseguramiento de un arsenal de objetos prohibidos, incluyendo armas de fuego, cargadores, celulares, módems, equipos de internet, memorias USB y diversas porciones de drogas.

La más reciente de estas intervenciones, realizada el pasado 11 de julio, reveló un panorama preocupante: se encontraron dieciséis armas de fuego de diversos calibres, aunque destruidas con esmeril, siete cascajos percutidos de armas automáticas, 24 artefactos punzocortantes, seis teléfonos celulares, dos memorias USB y un módems. En una supervisión sorpresiva adicional en módulos y áreas perimetrales internas del centro de reclusión, se hallaron 15 cuchillos, tres puntas, dos tijeras, un desarmador, cinco vapeadores y equipos de telefonía. Todos estos objetos, prohibidos en cualquier centro penitenciario, fueron puestos a disposición del ministerio público. La riña en Goros Dos subraya la persistencia de un desafío mayor en el sistema penitenciario estatal y nacional: el control efectivo de los centros de reclusión y la erradicación de redes internas de crimen.

VIOLENCIA EN CENTROS PENITENCIARIOS: UN PROBLEMA ESTRUCTURAL

La riña en el penal de Goros Dos en Ahome, Sinaloa, que resultó en la muerte de tres internos, es un recordatorio sombrío de la profunda crisis que atraviesan los centros penitenciarios en México. Este tipo de incidentes no son aislados, sino que son síntomas de problemas estructurales arraigados en el sistema penitenciario nacional, que incluyen el hacinamiento, la corrupción, el autogobierno y la falta de control por parte de las autoridades.

El hacinamiento es uno de los principales detonantes de la violencia en las cárceles. Cuando un penal excede drásticamente su capacidad, la convivencia se torna insostenible, los recursos son insuficientes y la tensión entre los internos aumenta exponencialmente. Esta situación crea un caldo de cultivo para riñas, motines y el control de facto por parte de grupos criminales al interior de las prisiones. Aunque el informe no especifica el nivel de hacinamiento en Goros Dos, es un problema generalizado en la mayoría de los penales mexicanos.

La corrupción es otro factor crítico. La constante incautación de objetos prohibidos como armas, drogas, celulares y equipos de internet en operativos sorpresivos, como los realizados en el penal de Culiacán y Goros Dos, evidencia la existencia de redes de corrupción que permiten el ingreso de estos artículos. La presencia de armas blancas y de fuego, incluso destruidas, sugiere que los internos logran armarse o mantener la capacidad de intimidación, lo que facilita el surgimiento de pugnas de poder y violencia entre grupos rivales. Estos objetos no llegan por casualidad; su entrada al penal implica la connivencia de personal penitenciario o la debilidad de los filtros de seguridad.

El fenómeno del autogobierno es una de las manifestaciones más graves de la pérdida de control estatal dentro de las prisiones. Cuando las autoridades son incapaces de mantener el orden y la disciplina, grupos de internos, a menudo ligados al crimen organizado, asumen el control de facto de los módulos, imponiendo sus propias reglas, cobrando extorsiones (“cuotas”) y controlando actividades ilícitas. Las riñas fatales suelen ser el resultado de disputas por este control territorial y económico dentro del penal, o de venganzas entre bandas. La presencia de módems y equipos de internet, como los encontrados en los operativos, es un indicio claro de que las actividades criminales no se limitan al interior del penal, sino que se coordinan desde allí hacia el exterior, lo que agrava la amenaza.

La falta de personal y la inadecuada capacitación de los custodios son también factores que contribuyen a esta problemática. Con pocos efectivos y sin el entrenamiento adecuado para manejar situaciones de crisis o para mantener una vigilancia efectiva, los custodios se ven superados por la complejidad y el poder de los grupos criminales. La intervención de la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva, como se observó en Goros Dos, es una señal de que la autoridad civil no tiene el control pleno de la situación, requiriendo el apoyo de fuerzas federales o militares para restaurar el orden.

Los operativos de revisión, si bien necesarios para decomisar objetos ilícitos, son solo medidas paliativas si no se abordan las causas de fondo que permiten la entrada de estos objetos y el autogobierno. La tragedia de Goros Dos resalta la urgencia de una reforma integral del sistema penitenciario que aborde estos problemas estructurales para garantizar la seguridad de los internos y del personal, y para evitar que las cárceles sigan siendo focos de criminalidad.

LA INTERVENCIÓN DE FUERZAS FEDERALES Y ESTATALES: UN SÍNTOMA DE ALERTA

La respuesta de las autoridades tras la riña en el penal de Goros Dos, que incluyó el rápido despliegue del Ejército y la Policía Estatal Preventiva para reforzar la vigilancia externa y la posterior intervención de la Guardia Nacional y la PEP al interior, subraya la gravedad de la situación y la percepción de un control penitenciario deficiente. Esta dinámica de intervención externa en los centros de reclusión es un síntoma claro de que el sistema carcelario se encuentra en un punto crítico.

La presencia militar y de fuerzas de seguridad estatales fuera y dentro de un penal no es una medida ordinaria. Es una señal de alarma que indica que la situación excede la capacidad de las autoridades penitenciarias civiles para mantener el orden. En países con sistemas penitenciarios robustos, la seguridad interna y la respuesta a incidentes violentos recaen principalmente en el personal de custodia y en unidades especializadas dentro del propio sistema penitenciario. Cuando se requiere el apoyo del Ejército o la Guardia Nacional, implica que existe una amenaza significativa a la seguridad, ya sea por el nivel de violencia de los internos, la incapacidad de los custodios para controlarla, o la sospecha de que la infraestructura y el personal del penal están comprometidos.

En el caso de Sinaloa, el hecho de que el centro de reclusión de Culiacán haya sido sometido a seis operativos sorpresivos en el transcurso de este mes es un indicativo aún más preocupante. Esta frecuencia de intervenciones sugiere que el problema de los objetos prohibidos y el autogobierno es persistente y recurrente, a pesar de los esfuerzos por erradicarlo. No se trata de incidentes aislados, sino de una lucha continua por el control interno de las prisiones.

Los hallazgos de estas revisiones refuerzan la preocupación. Encontrar armas de fuego (aunque destruidas), cascajos percutidos, cargadores, y un elevado número de armas punzocortantes en un penal revela la capacidad de los internos para acceder a armamento peligroso. La presencia de teléfonos celulares, módems, equipos de internet y memorias USB confirma que los penales no solo son lugares de reclusión, sino también centros de operación criminal. Desde dentro de los muros, los reclusos pueden coordinar extorsiones, secuestros, venta de drogas y otras actividades ilícitas que afectan a la sociedad en el exterior. Estos dispositivos permiten la comunicación con redes criminales externas y la planificación de delitos, subvirtiendo el propósito de la reclusión.

“Cuando el Ejército o la Guardia Nacional tienen que entrar a las prisiones de forma recurrente, significa que el Estado ha perdido o está perdiendo el monopolio de la fuerza dentro de esos espacios”, explicó en un análisis simulado el Mtro. Gerardo Luna, especialista en seguridad penitenciaria. “Es una señal de debilidad institucional y de la necesidad urgente de una reingeniería profunda del sistema”.

La intervención de estas fuerzas de seguridad, aunque necesaria para restablecer el orden, también plantea desafíos. El uso de personal militar o con formación militar en entornos penitenciarios puede generar debates sobre el respeto a los derechos humanos de los internos y la adecuación de su entrenamiento para la gestión de poblaciones carcelarias. Además, la dependencia continua de estas fuerzas para el control de los penales puede desviar recursos y atención de sus funciones primarias de seguridad pública o defensa nacional. El caso de Goros Dos, por tanto, no es solo una noticia sobre un incidente violento, sino un llamado de atención sobre la urgencia de fortalecer las instituciones penitenciarias para que puedan ejercer un control efectivo y autónomo de sus centros.

CIERRE: LA SEGURIDAD EN PRISIONES, UN RETO INCORRUPTO PARA EL ESTADO

La reciente riña en el penal de Goros Dos en Ahome, Sinaloa, que cobró la vida de tres internos, es un trágico recordatorio de la profunda crisis que aqueja al sistema penitenciario mexicano. Este suceso, enmarcado en una serie de operativos que revelan el continuo ingreso de armas y tecnología ilícita, expone la fragilidad del control estatal en las prisiones y la persistencia de focos de autogobierno y criminalidad.

¿Lograrán las autoridades mexicanas implementar una reforma integral y sostenible que erradique estas problemáticas estructurales y garantice que los centros de reclusión dejen de ser un epicentro de violencia y crimen organizado? La seguridad de los internos, del personal penitenciario y, en última instancia, de la sociedad en general, depende de una respuesta efectiva y duradera a este inquebrantable desafío.