EXFUNCIONARIO MEXICANO ES DECLARADO CULPABLE POR EL DESVÍO MILLONARIO EN PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL

El fraude que puso techo a la esperanza

Ciudad de México, mayo de 2025. Un tribunal federal dictó sentencia este lunes contra Luis Alberto Mendoza Torres, exdirector de Gestión y Desarrollo del Fondo Nacional de Vivienda Social (FONAVIS), por su participación directa en el desvío de más de 420 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 25 millones de dólares) destinados a programas de construcción de vivienda para comunidades vulnerables en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. El escándalo, que sacudió los cimientos del aparato gubernamental, marca uno de los juicios por corrupción más relevantes del sexenio.

Mendoza, quien ocupó el cargo entre 2020 y 2023, fue declarado culpable por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público y asociación delictuosa. La investigación reveló una compleja red de contratos simulados, triangulación de recursos y empresas fantasma, todo bajo el aparente amparo de licitaciones irregulares que nunca se materializaron en viviendas reales.

La sentencia, de 27 años de prisión y la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos, ha sido recibida como un hito en la lucha contra la impunidad. Pero para miles de familias que aún esperan el hogar prometido, el fallo llega como un consuelo tardío y amargo.

Promesas de concreto y corrupción disfrazada

Desde su creación en 2008, el FONAVIS fue concebido como un modelo de política pública para atacar el rezago habitacional en México, particularmente en zonas rurales y comunidades indígenas. Bajo su mandato, los gobiernos estatales y municipales canalizaban recursos federales para apoyar la autoconstrucción, el acceso a créditos blandos y la edificación de viviendas completas.

Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno federal incrementó el presupuesto del programa como medida de reactivación económica, con una bolsa histórica de 6 mil millones de pesos en 2021. Fue en ese periodo, según los fiscales del caso, cuando Mendoza Torres aprovechó la flexibilización de controles y la urgencia por ejecutar fondos para consolidar un entramado de corrupción sin precedentes en la historia del programa.

Las auditorías revelaron que entre 2021 y 2022 se firmaron al menos 38 contratos con constructoras que no contaban con registro ante el SAT ni historial de operaciones. En total, se estima que más de 2,100 viviendas nunca fueron construidas, y en otras 900 casos las obras quedaron inconclusas o inhabitables. Algunas comunidades indígenas de la Sierra Mixe recibieron únicamente los cimientos.

Un caso paradigmático de impunidad sistémica

Durante el juicio, que duró más de ocho meses, se presentaron 73 testigos y más de 1,200 pruebas documentales. El Ministerio Público reveló que Mendoza firmó de manera directa los contratos cuestionados, avalando la dispersión de fondos a empresas que compartían representantes legales y direcciones fiscales. Se demostró además que al menos tres de estas compañías estaban registradas a nombre de familiares cercanos del funcionario, lo que evidenció el conflicto de interés y la simulación.

“Fue una arquitectura perfecta del desfalco: múltiples capas de opacidad, empresas sin rostro y fondos que se diluían entre facturas falsas”, declaró la fiscal María Fernanda Guzmán, encargada del caso. “Pero lo más grave no fue el dinero perdido, sino la esperanza rota de miles de personas que confiaron en un Estado que, una vez más, les falló”.

Expertos en derecho penal coincidieron en que el proceso judicial sentó un precedente, no solo por la magnitud de la condena sino por la metodología de investigación, que logró desmontar una red sofisticada de corrupción sin recurrir a testimonios protegidos ni negociaciones de culpabilidad.

El rostro humano de la negligencia

En la comunidad de El Rosario, en la región montañosa de Guerrero, Juana Pérez, madre soltera y jornalera agrícola, aún vive con sus tres hijos en una casa improvisada de lámina oxidada. Fue una de las beneficiarias del programa en 2022. “Vinieron, tomaron fotos, nos hicieron firmar papeles y dijeron que pronto levantarían nuestra casa. Hasta hoy no volvieron”, cuenta.

Casos como el de Juana se repiten en decenas de municipios. Algunas comunidades incluso organizaron brigadas para cuidar el material de construcción que jamás llegó. En otros casos, los líderes comunales fueron presionados para declarar que las obras estaban concluidas, a cambio de beneficios personales.

Los daños psicológicos y sociales son incalculables. Organizaciones civiles han documentado cómo el fraude profundizó la desconfianza institucional y elevó la tensión en zonas donde el abandono estatal ya era crítico. “Esto no fue solo un robo de dinero. Fue una traición colectiva”, afirma el sociólogo Carlos Rivera, del Instituto Nacional de Estudios para el Desarrollo Social.

¿Justicia o simulación de justicia?

Aunque la sentencia ha sido celebrada como un avance, diversas voces advierten que el caso podría quedarse en un “chivo expiatorio” si no se investiga a fondo la cadena de complicidades dentro de otras dependencias. La Secretaría de Desarrollo Territorial, responsable última del FONAVIS, ha evitado pronunciarse públicamente sobre el caso.

Durante el juicio, surgieron menciones a otros altos funcionarios, cuyos nombres fueron omitidos por “razones de sigilo procesal”. Algunos analistas temen que no se profundice en esa línea de investigación por razones políticas. “Este caso podría ser solo la punta del iceberg. Hay indicios de que la red incluía a operadores estatales y delegados regionales del programa”, advierte la periodista de investigación Claudia Silva.

Organismos como Transparencia Ciudadana han solicitado que se abra una investigación integral que incluya la responsabilidad patrimonial de funcionarios activos y la recuperación de recursos desviados. Hasta el momento, solo se ha logrado el aseguramiento de tres propiedades a nombre de Mendoza y el congelamiento de 14 cuentas bancarias.

Repercusiones internacionales y reacciones del gobierno

El escándalo no ha pasado desapercibido fuera de México. Diversas agencias de cooperación internacional que han financiado programas de vivienda social han expresado su preocupación por el caso. En una carta dirigida al gobierno mexicano, la Agencia de Cooperación Alemana pidió “garantías claras de transparencia en futuras intervenciones y auditorías públicas periódicas”.

El presidente de la República, en su conferencia matutina, aseguró que “en México ya no hay lugar para la corrupción, venga de donde venga”. Sin embargo, evitó comentar si otros funcionarios de su administración serían investigados. Su silencio ante la implicación de mandos medios ha sido interpretado como un gesto de cautela política.

La lucha por reconstruir la confianza

Más allá del castigo penal, el caso Mendoza pone sobre la mesa la necesidad urgente de repensar la forma en que se diseñan, ejecutan y vigilan los programas sociales en México. La confianza pública en las instituciones, ya deteriorada, enfrenta otro golpe.

Para muchos ciudadanos, el caso no es una excepción sino un reflejo de un patrón de corrupción normalizado. “Hemos llegado al punto en que ni siquiera nos sorprende que nos roben. Eso es lo más peligroso: la resignación”, afirma Ana Cecilia Vargas, abogada y activista por la justicia social.

La única forma de revertir este deterioro, coinciden especialistas, es a través de reformas institucionales profundas: mayor vigilancia ciudadana, contralorías independientes, transparencia presupuestaria y acceso real a la justicia. De lo contrario, nuevos Mendozas seguirán operando bajo diferentes nombres y rostros.

¿Qué viene ahora?

El gobierno federal ha anunciado una revisión completa del FONAVIS y la suspensión temporal de nuevas asignaciones. Un comité técnico, compuesto por académicos y representantes de organizaciones civiles, ha sido conformado para auditar los procesos y diseñar mecanismos de control.

Pero en tanto las reformas se concretan, miles de familias seguirán esperando que su derecho a una vivienda digna deje de ser una promesa en papel. La sentencia de Mendoza, aunque significativa, es apenas el primer ladrillo en una muralla de responsabilidades aún por construir.