Por su parte, el gobierno mexicano expresó su desacuerdo con la resolución con el argumento de que sus medidas buscan proteger la salud pública, los derechos de los pueblos indígenas y la biodiversidad, aunque se comprometió a respetar el fallo como parte de sus obligaciones bajo el T-MEC.
El conflicto se originó en un decreto presidencial mexicano emitido en febrero de 2023, que prohibía el uso inmediato de maíz transgénico en la elaboración de masa y tortillas, e instruía la eliminación gradual de este tipo de grano en otros alimentos y en forrajes para animales. Según el informe final, las medidas adoptadas por México para restringir el uso de este tipo de maíz no están basadas en evaluaciones científicas adecuadas ni en estándares internacionales, lo que constituye una violación al acuerdo comercial.
Estados Unidos, principal exportador de maíz a México, presentó una queja formal argumentando que estas medidas carecían de base científica y afectaban el acceso de sus productos al mercado mexicano. En los primeros diez meses de 2024, las exportaciones estadounidenses de maíz a México alcanzaron los 4.8 billones de dólares, consolidándose como el principal mercado para este producto.
