La primera ministras en posicionarse sobre la discusión de la despenalización del aborto fue la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Lo hizo en contra.
“No existe un mandato específico de legislativo de legislar en ese sentido (…) la Corte incurriría en el llamado activismo judicial, que desbordaría mucho las facultades constitucionales de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Es decir, la ministra no considera que la Constitución obliga a los congresos a legislar en materia de aborto, motivo por el cual considera que tampoco hay una omisión al respecto. A lo mucho, agregó, se puede alegar una inconstitucionalidad de las leyes en Veracruz, pero aclaró que ese punto no estaba argumentado en la demanda de amparo.
“Voy a ir en contra del proyecto por el tratamiento que se le da y que no comparto en específico”, concluyó.
La segunda ministra en emitir su voto fue Ana Margarita Ríos Farjat, quien se pronunció en prácticamente el mismo sentido que su compañera.
“No existe un mandato específico para legislar en un sentido determinado (…) esto es un problema de técnica jurídica para mí”, expuso la ministra entre sus motivos.
Eso sí, aclaró que su decisión se basó en cuestiones técnicas, en como fue presentado el proyecto, y no en el fondo del asunto.
El ministro José María Pardo Rebolledo fue el tercero en participar. También lo hizo en contra. Él argumentó que el amparo promovido en Veracruz –que prácticamente fue el que llevó esta discusión a la SCJN– era improcedente.
Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se dijo en contra de la discusión y dijo que sus motivos eran los mismos ya expuestos por las dos ministras.
Mientras que el quinto voto, el único a favor, fue del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fue precisamente el que llevó la discusión sobre la despenalización del aborto a la Suprema Corte.
El proyecto presentado por Juan Luis González Alcántara fungía como respaldo a la resolución de un juez federal en el que se ordenaba a la legislatura local reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal porque criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo.
